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Derechos sociales: ¿Qué establece la actual Constitución y a qué debemos aspirar?

Los millones de chilenos y chilenas que acudirán a votar este domingo al plebiscito por una Nueva Constitución tienen en sus manos la posibilidad histórica de generar el cambio que el país necesita para avanzar hacia una sociedad que garantice los derechos sociales de todos y todas.


Estos derechos sociales son la base para una mejor calidad de vida, pero la actual Constitución no los consigna como tal, sino que establece derechos individuales o libertades que tratan nuestra educación, salud y pensiones como bienes de consumo, obligando a endeudarse para poder acceder a ellos.


La Constitución que nos rige ahora garantiza el acceso gratuito a la educación parvularia, básica y media, pero no a la superior. Al mismo tiempo, consagra la libertad de enseñanza que permite abrir y mantener centros educacionales. El problema es que entrega más relevancia a la posibilidad de tener un establecimiento educacional que a garantizar un adecuado derecho a la educación. Este sistema permite el establecimiento de dos sistemas educativos, uno para los que puedan pagar y otros para los que no.


Lógicamente, la libertad de enseñanza no es el problema, sino que el sistema de segregación y desigualdad de oportunidades que genera el modelo educativo. Por ejemplo, el año 2019 solo un 30% de los estudiantes de los colegios municipales quedó seleccionado en alguna universidad, versus un 79% de los que provenían de colegios privados.


En términos de salud, la situación no es muy distinta, porque la actual Constitución protege el libre e igualitario acceso a la salud, pero esto no significa el derecho a la salud en la práctica, pues el acceso a un sistema privado o público depende de la capacidad de pago de las personas.


Esto provoca que las listas de espera en el sistema público no disminuyan y en junio de 2019 ya existían 1,8 millones de personas en estas listas de acceso a la salud pública. De ellos, 130.000 esperan entre dos y 3 años y 80.000 más de 3 años.


cuanto a las pensiones, la Constitución de 1980 menciona en términos generales el derecho a la seguridad social, al señalar que se garantizarán prestaciones básicas otorgadas por instituciones públicas o privadas sin especificar en qué consistirán.


La dificultad que esto representa para los chilenos y chilenas es que no se establece un estándar que permita tener una vida digna para las y los adultos mayores. La seguridad social entregada a instituciones privadas, como las AFP ha provocado que en muchos casos las personas obtengan pensiones que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, pues estas funcionan bajo lógicas de mercado y, por ejemplo, en marzo de 2019, la pensión autofinanciada promedio fue de 224.000 pesos, mientras que las AFPs acumularon, durante 2019, más de 645 millones de dólares.


En términos medioambientales, si bien la actual Constitución contempla el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en la práctica el derecho de propiedad y la libertad de empresa tienen tanta preponderancia, que en los casos donde chocan uno y otro derecho, tiende a favorecerse a la propiedad y la actividad económica en desmedro del medio ambiente.


En esta línea, actualmente se consagra la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas -se refiere al agua dentro del derecho de propiedad-, lo que en la práctica extrema la privatización de su uso. Esto se contrapone a la idea del agua como un derecho humano accesible a todas las personas, pues establece su uso y goce como un privilegio para determinados sectores de acuerdo a su capacidad de comprar los derechos de aprovechamiento de aguas.


Por otro lado, no se hace cargo de la desigualdad de género. Chile es el quinto país en el mundo con mayor brecha de salarios entre hombres y mujeres, pero la Constitución de 1980 no tiene herramientas para terminar ni con la violencia ni con la discriminación por motivos de género, identidad de género, sexo, orientación sexual o estado serológico.


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